Nos vamos de viaje; paga el Congreso

Que el político es una persona que viaja no es nada nuevo. Que el político, por hombre más que por político, intenta zafarse de pagar, también. Seamos realistas, si te lo ponen por delante... ¡tú tampoco querrías pagar!

Bromas aparte, está claro que el político es una persona que tiene que estar en continuo movimiento. Es innegable. Hoy sesión en el Congreso, mañana Comisión de Economía y Competitividad, pasado tocará Comisión de Educación y Deporte y al otro se reunirá la Comisión de Investigación al PP por la financiación irregular de su partido. Vaya, acabo de recordar que aún no existe dicha comisión.

Pero la actividad como parlamentario bien debe ser compaginada con la actividad del partido al que se pertenezca e, incluso, con la vida familiar. No lo olvidemos, los políticos también son personas con familias. Aunque estas, a veces, se asemejen más a la familia Adams.

Es de recibo, por tanto, que el Congreso se haga cargo de esos viajes que, al fin y al cabo, han de ser entendidos como viajes de trabajo. Pero una cosa son los viajes de trabajo y otra bien distinta los viajes de ocio, por no decir vicio.

José Antonio Monago (Fuente: La Vanguardia)

Está claro que el escándalo de Monago ha levantado ampollas. No sólo en el PP, pues podría decirse que el extremeño era uno de los populares más decentes, aunque bastante incómodo para el propio partido por oponerse al anteproyecto de Ley del Aborto del ya ex-ministro Gallardón o por criticar la gestión de los casos de corrupción en el PP por parte de Rajoy (ironías del destino). La ciudadanía está cansada y los viajes a Canarias del Presidente de Extremadura han hecho que ahora todos nos preguntemos por la financiación de estos viajes. 

El Reglamento del Congreso de los Diputados ofrece pocas pistas al respecto. En todo caso, el artículo 8 en general, y más concretamente el apartado 2, podría servirnos de base, pues se especifica que los parlamentarios "tendrán derecho a las ayudas [...] por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función". Y ya está; no se dice más.

Con esto se entiende, por tanto, que los viajes, en tanto gastos indispensables para el cumplimiento de la función de parlamentario, han de ser pagados por el Congreso de los Diputados. El problema está cuando se abusan de estas ayudas.

El vacío legal existente con respecto a este tema, junto con la intención de hacer más transparentes las Administraciones Públicas, hacen necesaria la reforma de este Reglamento de 1982. Se necesita un artículo en el que se especifique explícitamente que el Congreso se hace cargo de los traslados que los parlamentarios tuvieren que realizar, así como una exigencia a los políticos.

La exigencia puede pasar por varias fórmulas. Una de ellas es que el diputado vaya presentando sus motivos y facturas de viajes a su Grupo Parlamentario, para que después este rinda cuentas ante la Comisión de Presupuestos o el mismo Congreso en sesión plenaria. Otra propuesta puede ser la limitación económica de los viajes, es decir, que estos no superen una determinada cantidad de dinero y, para evitar abusos, justificar convenientemente el motivo del viaje.

Que los políticos viajan, lo sabemos. Que el Congreso pague estos viajes, lo entendemos. Que nos tomen el pelo no lo toleramos. Por eso debemos exigir más transparencia y una mayor fiscalización de la actividad parlamentaria. Y si para ello hay que reformar el Reglamento, adelante.

Si ya lo decía Jean Jacques Rousseau: "el Hombre es bueno por naturaleza; es la sociedad la que lo corrompe".